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Consulta, Corrupción, Desmemoria, Futuro, México, País

¿Quién ganó y quién perdió en la Consulta?

“El mundo es un buen lugar, valdría la pena defenderlo.”

Ernest Hemingway.

Es hablada y repetida una y otra vez la noción acerca de la polarización de posiciones políticas que vivimos en México. No importa para esta columna el origen de esa situación, ya escribiré de ello el siguiente sábado, sin embargo uso este concepto de polarización tan solo para decir que sería ingenuo que ante la reciente Consulta Ciudadana se tuviera una perspectiva común fuera de la posición dogmática en el proceso de comunicación de los grupos políticos. Cada quién habla según sus intereses y su visión de vida.

Hay un contexto que ayuda a explicar qué es una Consulta Ciudadana y cómo México se inserta en su dinámica. En el mundo en su conjunto, la Consulta es un mecanismo de participación ciudadana que se lleva a cabo desde hace siglos, los países más avanzados en su proceso de empoderamiento civil las llevan a cabo a manera de plebiscitos para resolver asuntos cuya solución es imprecisa en el marco de sus propias leyes. Según la Universidad de Zúrich a través de su Centro de Estudios para la Democracia Directa, hasta 1980 en Latinoamérica apenas se habían realizado unas 38 Consultas en diferentes países para escuchar directamente a los ciudadanos sobre variados temas que requerían resolverse, pero de 1980 a 2020 el número pasó a 103 lo que nos habla de cómo rápidamente se ha popularizado este ejercicio. Ejemplos en Latinoamérica sobran: Chile se pudo deshacer de la dictadura Pinochetista mediante una de estas consultas, Panamá decidió la ampliación de esclusas en el Canal que cruza su país también mediante este mecanismo, Paraguay decidió que sus ciudadanos residentes en el extranjero pudiera votar en las elecciones. Es decir diferentes momentos, países y temas. Y el resto del mundo nos da muchos ejemplos más, uno de gran importancia es que fue en una Consulta que Inglaterra decidió retirarse de la Unión Europea (Brexit)

En México con las reformas al artículo 35 constitucional y con esta primera consulta realizada el domingo, el país incorpora esta nueva forma de participación de la ciudadanía a la toma de decisiones.

Aquí viene una primera interrogante: ¿Haber realizado esta Consulta representa un triunfo o un fracaso para México? En mi opinión, cualquier demócrata puede considerar esto un completo éxito. Participar en las decisiones políticas a fin de mejorar la vida colectiva es invaluable.

La organización de la Consulta estuvo en la autoridad electoral, el INE. En la reciente elección federal de junio de este año, el INE instaló 162,896 mesas para recibir los votos para un padrón electoral de poco más de 93 millones de ciudadanos.

En el caso de esta inédita Consulta el INE instaló únicamente 57,000 mesas para el mismo padrón de 93 millones de ciudadanos lo que convirtió de entrada, gran dificultad para que muchas personas pudieran trasladase a su centro de votación correspondiente, en muchos casos a más de 50 km de distancia de su vivienda. Bajo este criterio la propuesta por parte del INE para recibir votos era de 36 segundos por ciudadano, uno tras otro.

¿De qué sirve saber estos números una vez que se conocen los resultados? Solo para saber que desde un inicio las posibilidades de alcanzar un mínimo de 34 millones de votos para hacer vinculante el resultado eran imposible.  Aunado a esto, la difusión por parte del INE de esta jornada electoral fue mínima y confusa y lo más grave es que hubo una clara reticencia por parte del Órgano electoral a que se llevara a cabo de manera exitosa. Planteó públicamente como un desperdicio de recursos los 500 millones de pesos que debió sacar de su millonario presupuesto (el INE recibió para este año, casi  veinte mil millones de pesos) y fomentó en voz de su presidente y alguno de sus consejeros la desestimación a la participación restando importancia al evento.

Segunda pregunta: ¿Haber realizado esta Consulta representa un triunfo o un fracaso para el INE? La parte de organización de la instalación de casillas es medianamente aceptable, las decisiones respecto a número de mesas, publicidad e intromisión de sus funcionarios fungiendo como opositores a la Consulta sí se puede considerar un rotundo fracaso de este INE. Esta Consulta le quedó grande al INE.

Los ciudadanos que decidieron no votar y aquellos que adicionalmente promovieron la NO participación, cada uno por sus razones personales pero en gran parte condicionados a repetir la consigna que les fomentaron los medios de comunicación, partidos políticos y columnistas que claramente se oponen al proyecto 4T y al Presidente López Obrador; consideraron que NO votar y promover que sus conocidos y seguidores NO lo hicieran, dañaría al gobierno actual. Sin mayor argumentación más que la de su conocido odio a la política del gobierno actual y a la democracia participativa y con la simpleza de chabacanas tesis que les llevó a la conclusión de frases como “la ley no se consulta”, “cuesta mucho dinero” y cualquier otra burda  relación con supuestas medicinas oncológicas faltantes y otros gastos sugeridos.

Estos ciudadanos en realidad optaron porque no sea obligatorio (vinculante) que se revise la historia del pasado, prefirieron ser omisos respecto a la corrupción y saqueo del país. Demostraron también la penosa realidad cultural de la mayoría conservadora del país y como dijo hoy Lorenzo Meyer: “No fueron a consulta porque no tienen conciencia que han sido explotados casi como animales por siglos”

Tercera pregunta: ¿Haber realizado esta Consulta representa un triunfo o un fracaso para quienes promovieron la NO votación? Desde el punto de vista numérico pueden considerarlo como un éxito, alcanzaron lo que promovieron en sus vasallos, pero desde un punto de vista ciudadano, democrático y de ética pública bien pueden avergonzarse ante este estrepitoso fracaso que los exhibe como anti demócratas, fomentadores de apáticos e indolentes ante la corrupción.

Por su parte, los ciudadanos que sí participaron alcanzaron cerca de 7 millones de votos, de los que más de un 96% fueron a favor del SÍ. Dato duro: para que fuera vinculante debían haber votado por lo menos 34 millones (sí, uno cada 50 segundos de principio a fin en cada una de las mesas instaladas)

Cuarta pregunta: ¿Haber realizado esta Consulta representa un triunfo o un fracaso para quienes sí participaron? Basta revisar las redes sociales para saber que cualquier persona que participó se encuentra satisfecha con haberlo hecho; sabe que su participación en la democracia es fundamental para México y que a pesar de todos los impedimentos puestos por la autoridad, por muchos medios de comunicación, por actores políticos del pasado y por una organización confusa y poco promovida, se logró el éxito en el objetivo de mandar un claro mensaje en donde más del 96% de participantes sí queremos que se investigue y explique el pasado.

La oposición le apostó también en este tema a la polarización, nos demostraron una vez más que el país les importa un bledo, sus intereses son los que deben estar protegidos y en esta ocasión se hicieron acompañar de la ignorancia, mala fe y pasividad, bien por ellos, afortunadamente van de salida.

Así que como en piñata, hay para todos, cada quién puede alzarse con el triunfo o el fracaso que elija.

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Ciudadanos y vasallos a Consulta

Te voy a decir qué es la libertad para mí: No tener miedo.

Nina Simone

¿Por qué habría que dejar en el olvido para que las generaciones presentes y futuras desconozcan muchos de los hechos que provocaron que México no sea un país rico como podría serlo y que, por el contrario, tengamos tantas carencias económicas, y que nuestros hijos, nietos y bisnietos no sepan por qué seguirán pagando adeudos por préstamos con el exterior que fueron vilmente robados y repartidos entre ex funcionarios del pasado y que hacen que el presupuesto sea insuficiente para las necesidades del país?  

¿Por qué habría que dejar pasar el origen de los crímenes y desapariciones que aún hoy difícilmente se pueden contener y que han ocasionado dolor en familias a lo largo de todo el país? ¿Y por qué no recordar que el desmantelamiento de empresas productivas del país fue decisión de una élite de sátrapas que solo actuaron de acuerdo a su propia conveniencia?

¿Por qué no hacerle frente al hecho a que a lo largo de las últimas 3 o 4 décadas, prácticamente todos los funcionarios de los gobiernos federales y estatales en los tres poderes de gobierno, se enriquecieron a su paso por esas administraciones?

Esto es lo que busca resolver la consulta ciudadana de este domingo 1 de agosto, que se pueda hacer un recuento de los delitos que se cometieron por los funcionarios que tuvieron la responsabilidad de gobernar. Como bien dice Santiago Nieto, el hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera: “Muchos de los delitos que hubieran cometido los ex presidentes se encuentran prescritos. Por ello, la consulta busca esclarecer los hechos del pasado. Un mandato claro para una «Comisión de la verdad» en temas de corrupción en México”

La oposición, una vez más, manifestándose en contra del interés del país en favor de la democracia y la participación popular, de manera despreciable pide abiertamente no participar en la consulta; por una parte menosprecian este primer esfuerzo que prospera en el país gracias a la ciudadanía organizada y por otra se exhibe en su papel de señorío feudal ordenando y dirigiendo a sus vasallos a la no participación; ¡su cobardía les impide decir que voten NO, prefieren decir que no salgan a votar!

 Para este fin de desmotivar la participación, los expresidentes, principalmente Fox y Calderón (quienes así muestran el miedo que tienen de ser enjuiciados), y que ya se sienten en el banquillo de los acusados, califican con insultos a aquellos que promueven la participación democrática de este domingo. Se acompañan, además de sus compinches en raterías y delitos,  de los “intelectuales” y abajo firmantes de siempre, de los medios de comunicación de siempre, de los columnistas de siempre, y del INE que desde hace tiempo es parte de su bando; este último, el INE,  organizando de manera obligada la consulta a que le obligó la Suprema Corte de Justicia, entorpeciéndola con poca promoción, con pocas mesas de votación y confundiendo a la población en voz de sus consejeros.

He leído artículos de algunos afamados abogados opositores a la consulta, que expresan su punto de vista a manera de encubrir esta nueva forma de enfrentar los hechos del pasado (debo decir que después de leerlos me doy cuenta que son meros leguleyos tramitadores, rábulas se les llama en latín) diciendo no a la participación porque: ¡la consulta cuesta dinero! (sí, la democracia cuesta dinero y si no lo sabían bien podrían informarse de cuanto nos cuesta el INE) y que “la ley no se consulta, se aplica”.  Este tipo de “especialistas (sic)” en leyes, quieren enmendarle la plana a la SCJ porque olvidan que es precisamente ¡esta Suprema Corte de Justicia! la que avaló la legalidad de la consulta y, por otra, no encuentran diferencia alguna, ¡en un país como México! en la distinción fundamental entre ley y justicia. Porque…

Con el uso de la ley, Salinas repartió entre sus amigos y familiares muchas de las empresas productivas del Estado; con la ley de por medio, Zedillo convirtió deudas privadas de algunos bancos y empresarios en deuda pública a pagar por todos; con el recurso tan mentado de la ley, Fox traicionó la democracia interviniendo en las elecciones y él y su familia se enriquecieron con negocios ilícitos; y con más ley, Calderón inició el drama de la guerra cruel a que está sometido el país al tiempo que participaba en el bando de una de las pandillas de narcotraficantes de la mano de García Luna; y también bajo la ley, Peña Nieto elevó a la máxima potencia la corrupción política y empresarial del país. Ley, ley, ley, todo, de la mano de la ley.

Una diferencia entre ley y justicia, que de manera personal recuerdo, se remonta a finales de 1976 en que mi padre, abogado, actuando como representante de un grupo de mujeres trabajadoras de la industria textil que habían sido despedidas de manera injusta (pero apegada a la ley del empresario que podía pagarla), logró revertir, no el despido pero sí la liquidación económica correspondiente a cada una de ellas y que se negaba a pagar el patrón. El contexto es aquel en que al final del gobierno de Luis Echeverría cuando el Secretario del Trabajo era Gálvez Betancourt y el El Subsecretario de Previsión Social Agustín Alanís Fuentes -este último es quien después fue nefasto y represor procurador en el DF haciendo dupla con el jefe de policía Arturo Durazo-; la ley favorecía a los patrones que de manera indiscriminada irrespetaban derechos sociales laborales, los despidos sin pagos justos por liquidación eran cosa de todos los días y las juntas de conciliación (actuando en función de ley) se limitaban a ratificar los deseos y dichos patronales. En este caso, una vez que las trabajadoras ganaron su demanda y recibieron lo que les correspondía, mi padre se negó a cobrarles sus honorarios, su argumento (porque no es que en casa no se requiriera el ingreso económico que generaba por su actividad) se basó en que era de justicia tuvieran lo que la ley les había negado en una primera instancia: que recibieran completo el fruto de su trabajo. Ley y justicia. Y, hasta de niño, a veces, escuchar estas cosas, tan sutiles si se quiere, marca para entender que hay diferencias en conceptos que se pueden confundir.

En el día a día, en la confusión de los mensajes inmediatos en redes sociales, en las opiniones con sesgo político, parece olvidarse, por parte de quienes debieran saberlo (esto es, los políticos opositores) el concepto de justicia de los pensadores que sustentan el periodo civilizatorio en que vivimos, desconocen a su conveniencia a los clásicos Hobbes, Montesquieu, Kant y Rousseau, pero también se olvidan de los más recientes, de Kelsen, Abbagnano, Gregório y Camino. En vez de hacer un trabajo informado prefieren apelar a la ignorancia de sus vasallos que ciegamente les siguen, a sembrar el odio en contra de la 4T y del presidente López Obrador. El tiempo, una vez más, le da la razón a este movimiento transformador lopezobradorista al que no atinan a enfrentar con argumentos.

Cierro con esta frase de Montesquieu: “Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa”

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¡Sí! La consulta

A menos de un mes para realizarse la Consulta ciudadana que busca juzgar a funcionarios políticos del pasado, se exacerban las voces opositoras (¿de quiénes más podrían ser?) para provocar que esta fracase promoviendo que la ciudadanía no participe. Tratar como niños y niñas, castrar en su derecho y obligación de votar a los ciudadanos mexicanos es una muestra más de la calaña y antidemocracia en que prefieren se desarrolle el País.

Cada quien tiene el derecho y la libertad de votar Sí o No; cada quien lo que decida.

En México en el año 2019 se modificó el artículo 35 constitucional para reconocer el derecho de la ciudadanía a votar en las consultas populares y decidir sobre diferentes temas de acuerdo al marco de la ley; se acotó lo que no puede ser votado: los derechos humanos, la política fiscal, la materia electoral y otros más. Ante una propuesta del Presidente López Obrador, 2 millones y medio de personas votamos para que esta se realizara, cubriendo así el requisito de ley de que por lo menos el 2% del padrón electoral lo solicitara. En octubre del 2020 la Suprema Corte de Justicia por mayoría de votos declaró como constitucional la consulta sobre si se debía juzgar o no a los expresidentes y señaló la pregunta a realizarse cuya respuesta deberá ser un SÍ o un NO: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender acciones de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

¿Qué hay más democrático que el proceso seguido para llegar a esta Consulta del próximo 1 de agosto? ¿Quiénes tienen miedo y están peleados con que haya más democracia en México?

Más preguntas: ¿Qué tienen en común la incorporación del Reino Unido a la Unión Europea en 1972; el retiro (Brexit) de este mismo Reino Unido a esa pertenencia en la Unión Europea en 2016; la decisión en los años ochenta en California para disminuir los impuestos en el estado; la permanencia de Quebec como parte de Canadá en 1995; la medida de aumentar los impuestos en el mismo estado de California en 2016; la decisión de Suiza de cancelar su ley climática, la de prohibir utilizar la burka (cubrirse la cara públicamente) y la de frenar la homofobia; la permanencia de Escocia en el Reino Unido en 2014?  Tienen en común que todas estas decisiones no han sido impuestas por un gobierno sino el resultado de las consultas ciudadanas o referéndum.

Hay un argumento facilón, rondando en estas voces rivales al proyecto 4T y al Presidente López Obrador, que dice que no se requiere consulta para juzgar a los ex presidentes y otros ex funcionarios dado que existen las leyes correspondientes al respecto. No es lo mismo ley que justicia, habría que contestarles. Esta tesis, a modo, olvida las reglas no escritas de la impunidad y de las complicidades hipócritas de la élite del poder; por décadas cubrieron sus delitos de gobierno a gobierno, ocultaron y desaparecieron información, se protegieron con jueces a la medida, corrompieron todo lo que pudieron corromper y saquearon la riqueza del país; son rateros, criminales y corruptos pero no tontos como para dejar desperdigadas las pruebas de sus fechorías. Por eso es que se requiere una decisión de la sociedad que por lo menos les sancione socialmente.

Si en verdad se quiere romper ese acuerdo de impunidad del que se sirven parte de las élites mexicanas, debe hacerse tanto por la vía jurídica  que implique un castigo formal como por uno representativo/simbólico que socialmente marque un alto colectivo a esa forma de agraviar al país que han tenido los políticos. La Consulta del 1 de agosto va en este último sentido. Aunque no es formalmente una consulta que busca enjuiciar  a los expresidentes sino a cualquier funcionario del pasado, el imaginario social sabe que son Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto los verdaderos destinatarios; entre ellos acumulan fraudes electorales, crímenes, matanzas, enriquecimientos ilícitos propios y de sus familiares y amigos, contrataciones de una deuda pública escandalosa que tiene empeñado el presupuesto por muchos años y relaciones con el narcotráfico que sería bueno deslindar para que por lo menos las nuevas generaciones sean conscientes de que muchos de los problemas del País tienen nombre y apellido en estos vergonzantes expresidentes y sus partidos. Esta consulta no es un acto que apela al pasado, apela al futuro que queremos.

Decía Octavio Paz: “Sin democracia la libertad es una quimera”. Que sean los ciudadanos quienes resuelvan y no una vez más partidos y empresarios miedosos del juicio y escarnio público. La consulta hará catarsis para renovar el sentido de justicia y legalidad en México, para manifestar abiertamente el conflicto del pasado con el del futuro al que aspiramos legítimamente y abrir las posibilidades de un diálogo entre víctimas y victimarios; que no sean unos cuantos quienes lo decidan, que seamos unos muchos.

La trampa:

El INE es el único responsable dela organización de esta consulta, aduciendo falta de recursos (a lo que la Corte le respondió que sí los tiene) solo instalará una parcialidad de las mesas de votación requeridas, solo 57 mil en todo el país (como referencia, en las recientes elecciones se instalaron más de 162 mil). De acuerdo a la ley, para que la consulta sea vinculante debe votar al menos el 40% del padrón electoral, es decir un poco más de 37 millones de ciudadanos. Una operación matemática sencilla dice que tendrían que votar en promedio como mínimo 650 en cada mesa; en las 10 horas en que dura la apertura de las mismas cada votante, uno tras otro sin pausa, tiene menos de un minuto para hacer todo el proceso. El INE desde antes que inicie el proceso ya lo ha boicoteado, los anti demócratas están de plácemes.

La respuesta que debemos dar es salir a votar, el número que se alcance será el bueno para demostrar que mayoritariamente, los ciudadanos sin correa, votaremos por el SÍ, que sea un acto de moral y ética pública aunque pudiera no tener consecuencia vinculante directa pero sí por lo menos para que se convierta en la guía en el modelo de conducta que sí estamos dispuestos a aceptar por parte de los políticos. Nunca se debe olvidar que esta consulta no es un acto emocional sino un acto sustentado en la realidad de los hechos: los asesinatos, saqueo, corrupción, fraude electoral y muchos otros delitos existieron.

A esto nos enfrentamos, a esto hay que responder con el acto cívico más importante en manos de los ciudadanos, salir a votar.

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