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¡Sí! La consulta

A menos de un mes para realizarse la Consulta ciudadana que busca juzgar a funcionarios políticos del pasado, se exacerban las voces opositoras (¿de quiénes más podrían ser?) para provocar que esta fracase promoviendo que la ciudadanía no participe. Tratar como niños y niñas, castrar en su derecho y obligación de votar a los ciudadanos mexicanos es una muestra más de la calaña y antidemocracia en que prefieren se desarrolle el País.

Cada quien tiene el derecho y la libertad de votar Sí o No; cada quien lo que decida.

En México en el año 2019 se modificó el artículo 35 constitucional para reconocer el derecho de la ciudadanía a votar en las consultas populares y decidir sobre diferentes temas de acuerdo al marco de la ley; se acotó lo que no puede ser votado: los derechos humanos, la política fiscal, la materia electoral y otros más. Ante una propuesta del Presidente López Obrador, 2 millones y medio de personas votamos para que esta se realizara, cubriendo así el requisito de ley de que por lo menos el 2% del padrón electoral lo solicitara. En octubre del 2020 la Suprema Corte de Justicia por mayoría de votos declaró como constitucional la consulta sobre si se debía juzgar o no a los expresidentes y señaló la pregunta a realizarse cuya respuesta deberá ser un SÍ o un NO: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender acciones de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

¿Qué hay más democrático que el proceso seguido para llegar a esta Consulta del próximo 1 de agosto? ¿Quiénes tienen miedo y están peleados con que haya más democracia en México?

Más preguntas: ¿Qué tienen en común la incorporación del Reino Unido a la Unión Europea en 1972; el retiro (Brexit) de este mismo Reino Unido a esa pertenencia en la Unión Europea en 2016; la decisión en los años ochenta en California para disminuir los impuestos en el estado; la permanencia de Quebec como parte de Canadá en 1995; la medida de aumentar los impuestos en el mismo estado de California en 2016; la decisión de Suiza de cancelar su ley climática, la de prohibir utilizar la burka (cubrirse la cara públicamente) y la de frenar la homofobia; la permanencia de Escocia en el Reino Unido en 2014?  Tienen en común que todas estas decisiones no han sido impuestas por un gobierno sino el resultado de las consultas ciudadanas o referéndum.

Hay un argumento facilón, rondando en estas voces rivales al proyecto 4T y al Presidente López Obrador, que dice que no se requiere consulta para juzgar a los ex presidentes y otros ex funcionarios dado que existen las leyes correspondientes al respecto. No es lo mismo ley que justicia, habría que contestarles. Esta tesis, a modo, olvida las reglas no escritas de la impunidad y de las complicidades hipócritas de la élite del poder; por décadas cubrieron sus delitos de gobierno a gobierno, ocultaron y desaparecieron información, se protegieron con jueces a la medida, corrompieron todo lo que pudieron corromper y saquearon la riqueza del país; son rateros, criminales y corruptos pero no tontos como para dejar desperdigadas las pruebas de sus fechorías. Por eso es que se requiere una decisión de la sociedad que por lo menos les sancione socialmente.

Si en verdad se quiere romper ese acuerdo de impunidad del que se sirven parte de las élites mexicanas, debe hacerse tanto por la vía jurídica  que implique un castigo formal como por uno representativo/simbólico que socialmente marque un alto colectivo a esa forma de agraviar al país que han tenido los políticos. La Consulta del 1 de agosto va en este último sentido. Aunque no es formalmente una consulta que busca enjuiciar  a los expresidentes sino a cualquier funcionario del pasado, el imaginario social sabe que son Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto los verdaderos destinatarios; entre ellos acumulan fraudes electorales, crímenes, matanzas, enriquecimientos ilícitos propios y de sus familiares y amigos, contrataciones de una deuda pública escandalosa que tiene empeñado el presupuesto por muchos años y relaciones con el narcotráfico que sería bueno deslindar para que por lo menos las nuevas generaciones sean conscientes de que muchos de los problemas del País tienen nombre y apellido en estos vergonzantes expresidentes y sus partidos. Esta consulta no es un acto que apela al pasado, apela al futuro que queremos.

Decía Octavio Paz: “Sin democracia la libertad es una quimera”. Que sean los ciudadanos quienes resuelvan y no una vez más partidos y empresarios miedosos del juicio y escarnio público. La consulta hará catarsis para renovar el sentido de justicia y legalidad en México, para manifestar abiertamente el conflicto del pasado con el del futuro al que aspiramos legítimamente y abrir las posibilidades de un diálogo entre víctimas y victimarios; que no sean unos cuantos quienes lo decidan, que seamos unos muchos.

La trampa:

El INE es el único responsable dela organización de esta consulta, aduciendo falta de recursos (a lo que la Corte le respondió que sí los tiene) solo instalará una parcialidad de las mesas de votación requeridas, solo 57 mil en todo el país (como referencia, en las recientes elecciones se instalaron más de 162 mil). De acuerdo a la ley, para que la consulta sea vinculante debe votar al menos el 40% del padrón electoral, es decir un poco más de 37 millones de ciudadanos. Una operación matemática sencilla dice que tendrían que votar en promedio como mínimo 650 en cada mesa; en las 10 horas en que dura la apertura de las mismas cada votante, uno tras otro sin pausa, tiene menos de un minuto para hacer todo el proceso. El INE desde antes que inicie el proceso ya lo ha boicoteado, los anti demócratas están de plácemes.

La respuesta que debemos dar es salir a votar, el número que se alcance será el bueno para demostrar que mayoritariamente, los ciudadanos sin correa, votaremos por el SÍ, que sea un acto de moral y ética pública aunque pudiera no tener consecuencia vinculante directa pero sí por lo menos para que se convierta en la guía en el modelo de conducta que sí estamos dispuestos a aceptar por parte de los políticos. Nunca se debe olvidar que esta consulta no es un acto emocional sino un acto sustentado en la realidad de los hechos: los asesinatos, saqueo, corrupción, fraude electoral y muchos otros delitos existieron.

A esto nos enfrentamos, a esto hay que responder con el acto cívico más importante en manos de los ciudadanos, salir a votar.

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