Te voy a decir qué es la libertad para mí: No tener miedo.

Nina Simone

¿Por qué habría que dejar en el olvido para que las generaciones presentes y futuras desconozcan muchos de los hechos que provocaron que México no sea un país rico como podría serlo y que, por el contrario, tengamos tantas carencias económicas, y que nuestros hijos, nietos y bisnietos no sepan por qué seguirán pagando adeudos por préstamos con el exterior que fueron vilmente robados y repartidos entre ex funcionarios del pasado y que hacen que el presupuesto sea insuficiente para las necesidades del país?  

¿Por qué habría que dejar pasar el origen de los crímenes y desapariciones que aún hoy difícilmente se pueden contener y que han ocasionado dolor en familias a lo largo de todo el país? ¿Y por qué no recordar que el desmantelamiento de empresas productivas del país fue decisión de una élite de sátrapas que solo actuaron de acuerdo a su propia conveniencia?

¿Por qué no hacerle frente al hecho a que a lo largo de las últimas 3 o 4 décadas, prácticamente todos los funcionarios de los gobiernos federales y estatales en los tres poderes de gobierno, se enriquecieron a su paso por esas administraciones?

Esto es lo que busca resolver la consulta ciudadana de este domingo 1 de agosto, que se pueda hacer un recuento de los delitos que se cometieron por los funcionarios que tuvieron la responsabilidad de gobernar. Como bien dice Santiago Nieto, el hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera: “Muchos de los delitos que hubieran cometido los ex presidentes se encuentran prescritos. Por ello, la consulta busca esclarecer los hechos del pasado. Un mandato claro para una «Comisión de la verdad» en temas de corrupción en México”

La oposición, una vez más, manifestándose en contra del interés del país en favor de la democracia y la participación popular, de manera despreciable pide abiertamente no participar en la consulta; por una parte menosprecian este primer esfuerzo que prospera en el país gracias a la ciudadanía organizada y por otra se exhibe en su papel de señorío feudal ordenando y dirigiendo a sus vasallos a la no participación; ¡su cobardía les impide decir que voten NO, prefieren decir que no salgan a votar!

 Para este fin de desmotivar la participación, los expresidentes, principalmente Fox y Calderón (quienes así muestran el miedo que tienen de ser enjuiciados), y que ya se sienten en el banquillo de los acusados, califican con insultos a aquellos que promueven la participación democrática de este domingo. Se acompañan, además de sus compinches en raterías y delitos,  de los “intelectuales” y abajo firmantes de siempre, de los medios de comunicación de siempre, de los columnistas de siempre, y del INE que desde hace tiempo es parte de su bando; este último, el INE,  organizando de manera obligada la consulta a que le obligó la Suprema Corte de Justicia, entorpeciéndola con poca promoción, con pocas mesas de votación y confundiendo a la población en voz de sus consejeros.

He leído artículos de algunos afamados abogados opositores a la consulta, que expresan su punto de vista a manera de encubrir esta nueva forma de enfrentar los hechos del pasado (debo decir que después de leerlos me doy cuenta que son meros leguleyos tramitadores, rábulas se les llama en latín) diciendo no a la participación porque: ¡la consulta cuesta dinero! (sí, la democracia cuesta dinero y si no lo sabían bien podrían informarse de cuanto nos cuesta el INE) y que “la ley no se consulta, se aplica”.  Este tipo de “especialistas (sic)” en leyes, quieren enmendarle la plana a la SCJ porque olvidan que es precisamente ¡esta Suprema Corte de Justicia! la que avaló la legalidad de la consulta y, por otra, no encuentran diferencia alguna, ¡en un país como México! en la distinción fundamental entre ley y justicia. Porque…

Con el uso de la ley, Salinas repartió entre sus amigos y familiares muchas de las empresas productivas del Estado; con la ley de por medio, Zedillo convirtió deudas privadas de algunos bancos y empresarios en deuda pública a pagar por todos; con el recurso tan mentado de la ley, Fox traicionó la democracia interviniendo en las elecciones y él y su familia se enriquecieron con negocios ilícitos; y con más ley, Calderón inició el drama de la guerra cruel a que está sometido el país al tiempo que participaba en el bando de una de las pandillas de narcotraficantes de la mano de García Luna; y también bajo la ley, Peña Nieto elevó a la máxima potencia la corrupción política y empresarial del país. Ley, ley, ley, todo, de la mano de la ley.

Una diferencia entre ley y justicia, que de manera personal recuerdo, se remonta a finales de 1976 en que mi padre, abogado, actuando como representante de un grupo de mujeres trabajadoras de la industria textil que habían sido despedidas de manera injusta (pero apegada a la ley del empresario que podía pagarla), logró revertir, no el despido pero sí la liquidación económica correspondiente a cada una de ellas y que se negaba a pagar el patrón. El contexto es aquel en que al final del gobierno de Luis Echeverría cuando el Secretario del Trabajo era Gálvez Betancourt y el El Subsecretario de Previsión Social Agustín Alanís Fuentes -este último es quien después fue nefasto y represor procurador en el DF haciendo dupla con el jefe de policía Arturo Durazo-; la ley favorecía a los patrones que de manera indiscriminada irrespetaban derechos sociales laborales, los despidos sin pagos justos por liquidación eran cosa de todos los días y las juntas de conciliación (actuando en función de ley) se limitaban a ratificar los deseos y dichos patronales. En este caso, una vez que las trabajadoras ganaron su demanda y recibieron lo que les correspondía, mi padre se negó a cobrarles sus honorarios, su argumento (porque no es que en casa no se requiriera el ingreso económico que generaba por su actividad) se basó en que era de justicia tuvieran lo que la ley les había negado en una primera instancia: que recibieran completo el fruto de su trabajo. Ley y justicia. Y, hasta de niño, a veces, escuchar estas cosas, tan sutiles si se quiere, marca para entender que hay diferencias en conceptos que se pueden confundir.

En el día a día, en la confusión de los mensajes inmediatos en redes sociales, en las opiniones con sesgo político, parece olvidarse, por parte de quienes debieran saberlo (esto es, los políticos opositores) el concepto de justicia de los pensadores que sustentan el periodo civilizatorio en que vivimos, desconocen a su conveniencia a los clásicos Hobbes, Montesquieu, Kant y Rousseau, pero también se olvidan de los más recientes, de Kelsen, Abbagnano, Gregório y Camino. En vez de hacer un trabajo informado prefieren apelar a la ignorancia de sus vasallos que ciegamente les siguen, a sembrar el odio en contra de la 4T y del presidente López Obrador. El tiempo, una vez más, le da la razón a este movimiento transformador lopezobradorista al que no atinan a enfrentar con argumentos.

Cierro con esta frase de Montesquieu: “Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa”