«No sospecho de nadie, pero desconfío de todos» Cantinflas.

El poder judicial mexicano está prostituido, cualquiera que tenga recursos suficientes para pagar las gratificaciones de jueces, magistrados y ministros puede resolver con prontitud –y en su beneficio- sus asuntos. La debacle neoliberal arrastró a uno de los poderes mexicanos al estercolero en que se encuentra; ya es muy tarde para corregirlo, es momento de reconstruirlo. Para eso se propuso el Plan C, para eso se ganó el Plan C, para eso los votos del 2 de junio.

Un México de justicia sólo puede construirse con más democracia, no con menos. Con instituciones al servicio de la sociedad y no de unos cuántos. Con ética en la función pública que le corresponde tutelar y no con absurdos legalismos que solo benefician a quienes la pueden pagar. El sistema de justicia en México debe cambiar, por necesidad histórica y por sobrevivencia del entramado social; el escenario actual tiene dos vías de futuro: una implosión (que no fue) que le obligara a renovarse y modificar su paradigma actual o la renovación por la vía democrática. La reforma de justicia hará lo segundo.

Se puede obviar, por conocida, hablar de la corrupción del poder judicial, no solo de los casos grandes y sonados sino los de la cotidianidad que afecta la vida de todos los ciudadanos. ¿Sí?

¿Se puede obviar a los jueces y magistrados que una vez que condenan en Estados Unidos a García Luna, aquí en México le devuelven las cuentas bancarias a su esposa? ¿Se puede obviar la actuación de jueces que defienden a las empresas extranjeras que saquean los recursos del país? ¿Se puede obviar a magistrados y ministros que defienden a delincuentes fiscales que adeudan decenas de millones de pesos a la Hacienda pública? ¿Se nos puede olvidar la exoneración de grandes capos narcotraficantes y políticos corruptos?

La respuesta a lo anterior es no, no porque precisamente esa forma de operar ha impactado en el desarrollo del país. Hoy, cualquiera que tenga para pagarlo, puede comprar la resolución de un juez, de un magistrado o un ministro. Es obvio decirlo porque es conocido pero es necesario decirlo para recordar el momento en el que estamos.

Se les dijo reiteradamente: las cosas no están bien, la justicia no puede estar al servicio del que puede pagar por un resultado a su modo; los capos, mafiosos, criminales, narcotraficantes, corruptos, pederastas y demás no pueden ser sujetos del contubernio con jueces y ministros; el amparo no debe servir como medida legaloide para evitar y retrasar obligaciones fiscales…

Y si no fuera suficiente, Norma Piña, la presidenta de la Corte decidió jugar a la política electoral – bajo la vista de los partidos y las élites opositoras que se lo permitieron-, tan solo por esa impúdica participación en aquella cena reunión de diciembre pasado (previo al proceso electoral) debió haber renunciado, la ofensa a su posición de Estado es tal que, a los primeros minutos de haberse ventilado ese cónclave a que convocó con Alejandro Moreno (Alito) y varios miembros del Tribunal Electoral debió haber renunciado a su cargo. Su sola presencia en aquella reunión explica, a manera de resumen, la descomposición de la justicia.

Lo aquí dicho nos habla muy someramente de la putrefacción del poder judicial, ese de los abogados panistas, ese de Fernández de Cevallos, ese de los despachos de abogados en componenda con jueces y ministros, ese que libera delincuentes porque le faltó una coma al expediente, ese acostumbrado a vender uno de los valores más importantes de cualquier sociedad: la justicia.

Y hay también toda una parte técnica, esa que dice que los jueces deben ser electos entre ciudadanos con perfiles idóneos, los abogados deben ser colegiados, las acciones de inconstitucionalidad deben darse por temas de fondo y no de forma. Las tareas de un nuevo modelo de justicia son muchas, y los que hoy están a cargo demostraron que no pudieron o no quisieron hacerlas o no tienen la dignidad necesaria. El Poder Judicial es el único que, a diferencia del Ejecutivo y el Legislativo, no se elige de manera democrática, los ministros de la Corte son propuestos por el Presidente.

La reforma judicial que se propone quiere modificar el status quo y va por más democracia; la iniciativa plantea que vayan a elección los cargos de ministros de la Suprema Corte, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), magistrados del Tribunal Electoral federal, magistrados de circuito y jueces de distrito, unos 1.600 cargos judiciales irían a las urnas en elecciones a los que podrán postularse en junio de 2025 miles de abogados.

Se propone crear un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial con facultades para sancionar a todos los miembros de la judicatura, incluidos los ministros. Con facultades para investigar y sancionar a jueces por corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes, o cuando sus sentencias no se ajusten a principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia.

Esta reforma busca además la austeridad en un Poder acostumbrado a servirse con la cuchara grande, hay que recordar que, violando la Constitución (de la que, se supone, son garantes) que dice: “Ningún servidor público podrá recibir remuneración, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente”. (Art. 127), la actual Corte representa uno de los Tribunales más costosos del mundo, los salarios de los ministros de la Corte no solo son superiores a los del Presidente sino que son superiores a los que ganan puestos similares en países como Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Chile y  España entre muchísimos otros.

Pero hay una ministra -de la que ya hablé antes https://sinlineamx.com/la-ministra-sentada/  porque a esta ralea se le huele desde lejos, se le adivina desde el primer momento- que hoy dice que mejor dialogar, que para qué cambiar, que así estamos bien, que le dejen sus fideicomisos y pensiones vitalicias, que les dejen seguir delinquiendo al amparo de la ley.