«Nunca abras la boca a menos que estés en la silla del dentista» (ley de la mafia)

La complicidad que permitió la corrupción y componendas en México se rigió por reglas y tiene sus normas y la que hoy en día aún exista seguramente también las tiene. El arreglo necesario para corromper instituciones, políticos y funcionarios; los acuerdos entre burócratas y civiles para saquear los recursos públicos a través de prestanombres, empresas fantasma y facturaciones falsas; la impunidad como garantía de tranquilidad futura; todas estas formas que atentan contra el país se manejan bajo reglas establecidas entre los participantes.

Para poder llevar a cabo sus actividades cualquier organización requiere normas de funcionamiento y operación. Una vez establecidas estas, todos los actos rutinarios se rigen por ellas pudiendo existir jerarquías para su cumplimiento de una forma u otra.

En ese entorno se acuerda la actividad de cada participante, cuánto se reparte a cada miembro, cómo se ocultan los bienes, como se esconderá o falseará la documentación necesaria, a qué personas se utilizará para que coparticipen activa o pasivamente; en fin, se organiza una estructura criminal que atiende a las necesidades de cada tema. Estas estructuras son de muchos tipos, algunas de dos o tres personas (que tienen a su alcance, por sus actividades, el poder hacerse de ciertos recursos gestionando trámites o desviando fondos) y, otras más amplias horizontalmente (por la necesidad de involucrar a plantillas completas de empleados que hacen un trabajo que se encadena y pasa por muchos) ; otras más a manera de cadena vertical (como el policía que “muerde” para dar su cuota al jefe en patrulla que a su vez le da a su comandante de zona, que a su vez le da a su secretario o encargado) o (el alto funcionario que se colude con las grandes empresas para recibir enormes cantidades de dinero que se reparten con su más inmediata superioridad sea este incluso el mismo presidente de la república).  En esta diversidad de opciones caben, por lo mismo, infinita cantidad de tipos de “acuerdo”, algunos o muchos de ellos cerrados en medio de comidas y alcoholes entre políticos, burócratas y empresarios con cuentas a cargo de la tarjeta de gastos del gobierno o institución en que trabajen.

En la operación de estas estructuras criminales cualquier error puede descubrir su organización y puede derrumbar su esquema de negocio por lo que vuelve necesarísimo el cumplimiento a las formas que se acuerden de manera explícita e incluso de manera tácita; hay una hostilidad latente en la relación entre sus miembros que solo se resuelve por la más importante de todas las reglas: el silencio.

En las mafias de muchos países  como: la cosa nostra, la camorra y  la ndrangheta de Italia, las mafias rusas, turcas o israelíes, los cárteles mexicanos, la mara salvatrucha o la 18 de Centroamérica, la yakusa y la mafia china de Asia etc. se repite la norma que, sin duda, en el caso italiano permitió su auge y consolidación y que en las pandillas políticas mexicanas de los últimos 20 años convirtió en el seguro de “vida tranquila” de los funcionarios y presidentes. La norma del silencio.

Hay un término, OMERTA, de origen italiano que aplica en el  glosario de palabras que tienen que ver con la mafia. Es la palabra que significa la ley del silencio, la que dice que está prohibido incriminar a otros en caso de ser descubierto en los delitos realizados. El que es descubierto debe pagar por sí mismo y a cambio de ese silencio se protege a su familia y se le ayuda en su proceso legal, y si no lo hace pueede pagar incluso con la muerte.

La Omerta es lo que se acabó en México con el cambio de régimen. El conseguir que funcionarios corruptos accedan a incriminar con información comprobada a autores intelectuales, copartícipes y beneficiarios es lo que permite intentar que la corrupción no sea el motor y lazo de unión de los grupos políticos.

Para los funcionarios corruptos y corruptores el beneficio de disminuir sus penas de prisión, de mantener parte de sus bienes aunque fueran obtenidos de manera ilícita, de mantener a sus familiares (a quienes involucran a manera de prestanombres o favorecidos) fuera de los litigios judiciales ocasionó que les “convenga” romper ese silencio y exhibir a sus socios. El estado debe protegerlos en custodia porque los «enemigos» que se crean al romper el pacto de silencio intentarán que no logren su cometido.

Es lo que permite que un tipo como Lozoya hable y presente pruebas que involucran a otras autoridades e instituciones pares y superiores (Ricardo Anaya, Luis Videgaray, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, PRI, diputados y senadores de diferentes partidos); que Duarte (el de Veracruz) ofrezca datos que involucran al expresidente Peña en la estafa maestra; que Emilio Zebadúa aporte datos que acaben de hundir a la exsecretaria Rosario Robles de quién fue su mano derecha y a otros secretarios, rectores  de universidades y, otra vez, a Peña Nieto.

Es lo que permite que se conozca vía Lozoya el enlace entre el gobierno de Calderón y el de Peña Nieto en el asunto de Etileno 21 ejecutado con Odebrecht y el grupo de hábiles tecnócratas tipo José Antonio Meade.

Ese mecanismo de uso común en la justicia de Estados Unidos es el que permitió detener a García Luna al romper el silencio el narcotraficante Villarreal Barragán «El Grande» y que hoy es la bala en el gatillo que apunta a Calderón y sus secuaces. Y es el mismo mecanismo que se usó para enjuiciar al Chapo Guzmán con el que sus anteriores socios como el Vicentillo Zambada, el rey Zambada y Dámaso López «el licenciado» lo incriminaron a cambio de beneficios en sus condenas.

Es de tal magnitud el cambio de paradigma entre esa forma de callar y no exhibir al “otro” a cambio de su complicidad y protección vs. el favor legal de obtener beneficios por sí hacerlo, que puede ser la novedad que hacía falta para una nueva forma en el actuar político.

Estamos cerca de cumplir dos años de este gobierno, quedan 4 más, sin duda caerán más omertas que marquen el fin de régimen de PRI-PAN y sus satélites y comparsas en el ámbito federal, estatal y municipal. Tic, tac, tic, tac, tic…