México, Reforma Eléctrica

Cortocircuito

Árbol que nace torcido…

Refrán popular

Sobre la Reforma eléctrica hay elementos técnicos que solo los especialistas pueden explicar para conocer  sus ventajas y desventajas  pero en cuanto al elemento político es inaceptable mantener un esquema que se autorizó y modificó en la ley a cambio de una tajada para los expresidentes y sus cuates ex funcionarios.

El proyecto de la Reforma Eléctrica corre en dos vías, una en la afectación en el bolsillo de algunas empresas, sobre todo extranjeras; y otra, en la necesidad de asegurar soberanía energética que no es otra cosa que asegurar el suministro energético a todo el país, dejar de tener la obligación de subsidiar a empresas privadas y de prevenir los altos costos por el que se está pagando por la electricidad en diversos países del mundo.

Este intento de reversión en la política eléctrica no debe entenderse como un cambio de reglas sino como el retorno a las reglas originales; porque el cambio de reglas se hizo en los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto para beneficiar a empresas que les corrompían mientras estos les firmaban contratos a tutiplén. Si se tuvo que corromper a los gobernantes es porque nada bueno habría para el país.

Lo intrínseco y sustancial de las empresas privadas es obtener rentabilidad, ganar dinero, más allá de que se pueda decir que esta una forma reduccionista de entender los negocios y se plantee como eufemismo que la esencia de la empresa sea otra, la realidad es que las empresas tienen como objetivo ganar. Y esto en el ámbito de los negocios privados es formidable porque generan riqueza a través del trabajo y la innovación de muchas personas, ofrecen seguridad social y pagan impuestos.

Pero, creer que empresas privadas puedan ser responsables de la seguridad energética de México es de absoluta ingenuidad, avalar esa creencia por parte de partidos políticos (que en teoría luchan por un mejor país) es mala fe. Que élites rapaces que se benefician del negocio energético defiendan la legislación actual se entiende, que quienes patrocinen el despojo público sean servidores públicos y personas que en sexenios pasados tuvieron las responsabilidades más altas de gobierno únicamente habla de la pobreza moral del conservadurismo opositor.

Y sin embargo:

No se saca a las empresas privadas del negocio eléctrico, lo que se está queriendo hacer es regular de tal manera que la CFE, como empresa del estado, mantenga el 54% de la generación de energía y los privados hasta el 46%; de tal forma que la empresa pública mantenga su misión de servicio social y las tarifas por debajo de la inflación. En cambio hoy, la reforma de 2013 impuso un sistema llamado contrato legado que son acuerdos impuestos entre dos de las subsidiarias de la propia CFE para que compren electricidad a empresas privadas a precios generalmente altos y que impactan en las finanzas de la empresa.

Hay otros elementos que fueron armados en esa Reforma para que bajo diferentes esquemas y formas de operar tengan como consecuencia que la CFE sea quien pierda dinero día a día, por ello es muy importante leer y atender las explicaciones de los especialistas y del gobierno, y de ahí se puede entender la necesidad imperativa de una Reforma Constitucional que acabe con ese robo “legalizado” que ofrecieron, permitieron y cobraron los funcionarios y ex presidentes de los dos sexenios anteriores a través de la Reforma Energética.

Por ejemplo, la CFE, tiene 191 centrales de generación de energía (entre ellas 69 de energías limpias), pero ¡sólo opera el 55% promedio de su capacidad!, sin embargo, en contraparte y como una inexplicable contradicción, en el 2020, tuvo que comprar 90 terawatts/hora en el mercado eléctrico por 223,000 millones de pesos, y por consiguiente no pudo generar más de 215,000 millones de pesos, obligada a tener (con la legislación que se pretende cambiar) el 45% de sus plantas fuera de operación. Esta es la consecuencia de los cambios en la ley que fueron cabildeando empresas como Iberdrola y Naturgy desde años antes de que se aprobara en 2013 aquella llamada Reforma Energética que aprobaron entre PRI y PAN.

La empresa Avangrid (el socio mayoritario es Iberdrola) contrató como consejero a Felipe Calderón cuando acaba su sexenio y antes ya lo había hecho Iberdrola con su ex secretaria de energía Georgina Kessel;  Carlos Ruiz Sacristán, exsecretario de Comunicaciones y Transportes en IEnova y Sempra Energy, Luis Téllez, exsecretario de Energía y Comunicaciones y Transportes, también en Sempra Energy. Esto es una realidad que nos explica el por qué debe cambiarse la ley, no es un acto de imaginación, es un acto de realidad, la ex secretaria de energía el expresidente y otros ex secretarios se fueron a trabajar a las empresas a quienes beneficiaron. Por sus “trabajos” y servicios prestados Calderón recibió más de 465 mil dólares, Kessel más de 3 millones de dólares, Téllez más de 1 millón de dólares, Ruiz Sacristán varios más millones de dólares.

Esta es la tarifa de las cabezas panistas y priistas por perjudicar al país, de Peña Nieto ya mejor ni hablamos.

Lo que sigue para beneficio del país es aprobar la Reforma Eléctrica, que será frenada hasta donde les sea posible, por las empresas favorecidas con contratos leoninos, los ex funcionarios priistas y panistas que se enriquecieron y por los odiadores del presidente López Obrador y la 4T, incluyendo el marginal perredismo, que tienen la visión tan corta como para no entender que se está jugando algo muy importante para México; ¿Cómo explicarles que sus fobias podrían guardarlas para exhibirlas diciendo las cosas que les gustan: como que el presidente sea naco o inepto o sus seguidores chairos y pobres; pero no para agraviar más al país?

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